Un tercio de los habitantes de la India carecen de acceso a la electricidad en las zonas rurales. Pero el país es rico en luz solar y existe una fuerte demanda de telefonía móvil también en las alejadas zonas rurales. Por eso Vodafone presentaba hace escasos días un terminal móvil con energía solar en la India donde cada mes cerca de 20 millones de consumidores se suman al imparable carro de la telefonía móvil. Es una buena prueba de las bondades y eficiencia del mercado (y las multinacionales) a la hora de suministrar tecnología que indudablemente mejora la calidad de vida de los ciudadanos y al menos reduce la brecha digital.
Pero las principales multinacionales de equipamiento de telecomunicaciones y soluciones de redes no viven precisamente un idílio con el gobierno indio, al contrario, compañías como IBM, Cisco, Ericsson, Nokia y las chinas Huawei Technologies y ZTE Corp, acaban de pedir ayuda a la secretaria de Estado norteamericana Hillary Clinton para que presione al gobierno indio y consiga una suspensión en la aplicación de la nueva Ley de Telecomunicaciones que les está creando serios trastornos (perdidas e incertidumbre).
No solamente los nuevos requisitos indios de seguridad en las telecomunicaciones plantean potenciales preocupaciones al cumplimiento de la OMC, sino que, de no ser cuestionados, otros gobiernos podrían utilizarlos para justificar sus propios regímenes detallados de seguridad.
Escribieron en una carta bajo el título: "El enfoque indio establece un precedente peligroso". Según estas multinacionales la nueva ley de telecomunicaciones es tan estricta que se hará muy difícil cumplir regularmente la inspecciones de seguridad o el plazo (dos años) para reemplazar a sus ingenieros extranjeros por otros nacionales. Además la nueva ley les obliga a facilitar el código fuente - propiedad de la información utilizada para ejecutar una red - y ponerlo a disposición del gobierno de la India.
La infraestructura de telecomunicaciones de la India ha sido creada casi totalmente por compañías extranjeras. Esa situación ha planteado preocupación en el gobierno y sus servicios de seguridad ante la posibilidad de que la vasta red nacional de telefonía móvil (de líneas terrestres) pueda ser vulnerable a la infiltración extranjera, particularmente de China.
India comenzó en diciembre a aplicar las nuevas normas exigiendo a las multinacionales una habilitación de seguridad especial en todos los pedidos de equipos de telecomunicaciones. Desde entonces, miles de órdenes de compra han languidecido en espera de una habilitación de seguridad. Los gigantes chinos, Huawei y ZTE son los más perjudicados con un deuda por un valor estimado de $ 750 millones. Las ventas trimestrales de Ericsson cayeron un 63 por ciento principalmente por las ventas bloqueadas por cuestiones de seguridad
Los EE.UU., Japón y Europa establececieron similares normas de seguridad en los años 1980 y 1990. Un portavoz del departamento de Telecom ha reconocido que se han vendido dispositivos de telecomunicaciones a la India sin la suficiente seguridad y que la respuesta de la India a los problemas de seguridad está en línea con lo que hacen otros países. El Gobierno quiere evitar el spyware y el malware si bien ha dado garantías de que sólo accedera al código fuente si hay un fallo de seguridad.
China, la amenaza latente
El proteccionismo y las exigencias gubernamentales escondería el temor de la India a la fuerte penetración de China en su mercado y en el "control" de la infraestructura de comunicaciones. Incluso a perder la gran carrera del siglo. El año pasado la India establecía derechos antidumping sobre varias compañías, incluyendo Huawei y ZTE. La balanza comercial entre los dos países - negativa para la India - y la animosidad histórica - India y China fueron a la guerra en 1962 y aún lucha por su frontera - también se esconden detrás de la nueva Ley de Telecomunicaciones.
Algunos pedidos de empresas occidentales han conseguido la acreditación de seguridad, mientras que los pedidos de las empresas chinas no lo habrían conseguido en lo que parece dejar a las claras las intenciones proteccionistas del gobierno indio con respecto a China.
"Bajo el ropaje de la seguridad, se quieren impugnar la importación realizada por Huawei, por ejemplo", dijo Sandeep Ladda, un director ejecutivo de PricewaterhouseCoopers. Lo que parece evidente es que cualquiera que sea la intención real, las nuevas normas afectarán de una u otra forma a todo el mundo.
La nueva ley contempla que en el caso de producirse un fallo de seguridad, los operadores se enfrentarían a una multa de 500 millones de rupias ($ 10,800,000), más del 100 por ciento del valor del contrato, mientras que los proveedores de equipos puede perder los derechos a comerciar en la India.
